Patricio Altamirano Arancibia, Analista de los cuerpos que padecen, 15 de octubre de 2026
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La economía chilena transita por un escenario complejo, marcado por un crecimiento aletargado y una persistente contracción en sectores estratégicos. Sin embargo, más allá de los factores externos, el verdadero sello de la administración de José Antonio Kast se define en el terreno de las prioridades fiscales y de seguridad. Al impulsar una megarreforma económica que inyecta liquidez al gran empresariado, surge una interrogante ineludible sobre el sentido último de esta estrategia: ¿Por qué o para qué se decide arriesgar un retroceso en materia de pobreza y vulnerabilidad social?
Oficialmente, este rumbo se justifica bajo la promesa de una reactivación que busca «desatar las amarras del sector empresarial» y apostar al «derrame económico». No obstante, esta narrativa actúa con frecuencia como una coartada que desatiende la realidad de un mercado laboral precarizado, donde la promesa del crecimiento no logra derramar beneficios hacia la base de la pirámide.
En la práctica, la estrategia opera mediante una articulación asimétrica. Por un lado, se otorgan privilegios impositivos que ensanchan la holgura financiera de la clase alta para gastar, ahorrar o invertir. Por el otro, la contención del gasto y la rigidez de los beneficios sociales reducen los ingresos de los sectores populares. Esta desprotección debilita el tejido comunitario y genera un terreno fértil que nutre la expansión del crimen organizado, un flagelo que el Estado luego pretende contener únicamente mediante la fuerza.
Así se configura la verdadera triangulación del modelo: se premia económicamente al gran empresariado, se estrangula la red de protección social y se despliega una agenda de seguridad punitiva que intenta apagar incendios en los barrios sin modificar las condiciones estructurales que los provocan.
Gobernar en tiempos de vacas flacas exige equilibrios, pero la balanza no puede inclinarse de manera sistemática a favor de unos pocos. ¿Para qué se asume este riesgo? La respuesta que revelan los hechos es clara: el modelo prioriza deliberadamente la concentración de riqueza a costa de desproteger a las mayorías, consolidando una arquitectura que, lejos de ser una herramienta de desarrollo nacional, opera como un motor indiscutible de desigualdad.