Patricio Altamirano Arancibia, Analista de la ciudadanía que padece frente al duopolio
Santiago de Chile, 21 de noviembre de 2026
El reciente paro de los transportistas no es un episodio gremial aislado ni una disputa meramente técnica por el precio del combustible: es un síntoma mayor del agotamiento de la política chilena y de la profunda asimetría con que se distribuyen los costos y los alivios de la crisis. Mientras miles de pequeños camioneros —sujetos subalternos asfixiados por el endeudamiento— detuvieron sus máquinas en las carreteras y canalizaron la empatía de una ciudadanía golpeada por el encarecimiento de la vida, la negociación en La Moneda terminó revelando cómo las movilizaciones de los de abajo son capitalizadas por el gran capital logístico a costa de un presupuesto público de $820 mil millones. Este ensayo desentraña la anatomía de esta fractura interna, reconstruye cómo el empresariado del transporte edificó su poder de veto desde la grieta abierta en el primer gobierno de Michelle Bachelet y analiza qué nos dice este desenlace sobre la crisis terminal del duopolio y el destino de quienes padecen el rigor de la economía.
I. Limpieza Epistemológica y Diagnóstico del Colapso del Duopolio
Para comprender este escenario sin caer en caricaturas partidarias, es indispensable despejar primero tres fantasmas teóricos que nublan la lectura política del conflicto:
- El fantasma de la derecha tradicional: Consiste en asumir mecánicamente que los transportistas son peones dóciles del mundo conservador. Esta lectura se desvanece al observar la incoherencia de su propia praxis: los pequeños y medianos dueños de camiones ejecutaron movilizaciones de fuerza contra Sebastián Piñera y levantaron paros críticos frente a la propia administración de José Antonio Kast.
- El fantasma de la izquierda dogmática: Corresponde al leninismo rígido que interpreta el giro conservador de los subalternos como un «error de clase», descalificándolos bajo la etiqueta reduccionista del «facho pobre» por no secundar una línea oficial que los ignora.
- El fantasma de la izquierda institucional: Refiere a la ilusión reformista de creer que el Estado puede administrar neutralmente los conflictos sociales mediante pactos tecnocráticos, ocultando que esa misma izquierda renunció hace tiempo a transformar la matriz económica.
Frente a la parálisis que imponen estos dos últimos fantasmas de la izquierda, conviene invertir el diagnóstico desde la perspectiva de Rosa Luxemburgo: la verdadera traición de clase no proviene de los sectores empujados a la supervivencia material, sino de una izquierda institucional que los abandonó a la intemperie y los orilló a buscar salidas corporativas o autoritarias.
Con ese lente despejado se ilumina la trayectoria real del sistema político. El duopolio entre la Concertación y Chile Vamos logró administrar sin contrapesos la transición desde Patricio Aylwin hasta Ricardo Lagos, pero fue durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (Bachelet I) —con la irrupción de la «revolución pingüina» en 2006 y los primeros desgarros de la coalición oficialista— cuando se situó el inicio de su crisis de legitimidad. Es precisamente esa crisis abierta en Bachelet I la que, al profundizarse en los ciclos siguientes, terminó generando tanto las revueltas populares como las revueltas propietarias que hoy desbordan el orden institucional. Tras agudizarse esa impugnación social en Piñera I, a partir de Bachelet II la grieta se volvió estructural al sumar al propio mundo empresarial al cuestionamiento del pacto político vigente. Incapaces de contener el desborde, las élites engendraron recambios que tampoco lograron suturar la fractura: la derecha tradicional dio paso a partidos emergentes orientados a la pequeña burguesía (encabezados por José Antonio Kast), mientras la izquierda institucional alumbró al Frente Amplio, sustentado electoralmente en la pequeña burguesía profesional asfixiada por el Crédito con Garantía Estatal (CAE). Hoy, ambas apuestas de recambio exhiben un agotamiento estructural: al fracaso histórico del ciclo progresista bajo Gabriel Boric se suma el temprano empantanamiento de la administración de Kast, incapaz desde sus primeros meses de contener el desborde corporativo de sus propias bases.
II. Anatomía de los Subalternos: Fractura del Gremio y Anacronismo Partidario
Despejados los prejuicios ideológicos y diagnosticado el colapso institucional, resulta fundamental evitar una doble confusión sociológica al observar a los actores movilizados. En primer lugar, la protesta de los pequeños dueños de camiones no es idéntica a la rebelión estudiantil del CAE ni al estallido social de los sectores populares. En segundo lugar, el mundo del transporte no es un bloque homogéneo: en su interior coexisten clases antagónicas —los pequeños propietarios de uno o dos camiones frente a los grandes conglomerados logísticos—.
Existe un antagonismo estructural profundo entre los sectores populares, la pequeña burguesía y el gran capital, y sus formas de procesar la precarización son radicalmente opuestas:
- La pequeña burguesía profesional: Aspira a la integración meritocrática a través del título universitario, pero choca con la precarización laboral y el endeudamiento educativo.
- La pequeña burguesía propietaria y rutera: Defiende la propiedad de sus escasos activos mediante el corporativismo, la rebelión fiscal y el corte de rutas.
- Los sectores populares: Canalizan su malestar mediante la movilización callejera y la irrupción social directa.
En el caso de los pequeños camioneros, se trata además de una propiedad híbrida y profundamente precaria: suelen operar bajo sobreendeudamiento financiero (leasing o créditos automotrices donde el vehículo pertenece jurídicamente a la banca hasta la última cuota) y bajo subcontratación monopsonista, sometidos a las tarifas impuestas por las grandes empresas mandantes —exportadoras forestales, mineras, agroindustriales y cadenas de retail—, lo que pulveriza su margen de ganancia ante cualquier alza del diésel. Aquí radica una distinción decisiva: aunque ambas expresiones —las revueltas populares y las revueltas propietarias— brotan de la misma crisis de representación abierta en Bachelet I y comparten la desobediencia civil junto a una profunda desconfianza hacia las cúpulas políticas, sus objetivos frente al Estado son opuestos. Mientras los sectores populares cuestionaron en 2019 las bases mismas del modelo subsidiario exigiendo derechos sociales universales, la revuelta propietaria impulsada por los pequeños transportistas no busca desmantelar la matriz mercantil, sino negociar una excepción tributaria o un subsidio sectorial dentro de ella. Y es precisamente esa limitación corporativa —sumada a su fragilidad financiera y contractual— la que expone al pequeño transportista a funcionar como fuerza de choque de los grandes empresarios del rubro y de sus mandantes.
Esta incapacidad de canalización política se vuelve aún más evidente al observar la crisis de representación de la llamada «nueva derecha» (Partido Republicano, PDG, Partido Social Cristiano y Partido Nacional Libertario). Aunque los pequeños propietarios intentaron crear sus propios vehículos partidarios, el hecho de que los nuevos transportistas se revuelvan contra un gobierno surgido de esas mismas filas demuestra el profundo anacronismo institucional de estas colectividades, incapaces de encauzar orgánicamente a sus bases. Ante esa orfandad, las bases sobrepasan a sus partidos y utilizan el veto directo de las carreteras para presionar al Estado.
III. Genealogía de un Poder Fáctico: De Bachelet I y II al Veto de las Rutas
Esa beligerancia táctica frente al poder civil arrastra una densa memoria histórica. Los camioneros actuaron como actor civil de choque fundamental en el derrocamiento de Salvador Allende, sellando una ligazón orgánica con los poderes fácticos. Tras ese preludio golpista, mantuvieron un silencio cómplice durante toda la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet —sin un solo paro gremial, volcados a disfrutar de la desregulación económica— y operaron durante los primeros gobiernos de la transición democrática mediante negociaciones gremiales acotadas, sin cuestionar el pacto político vigente.
Sin embargo, cuando la crisis del duopolio iniciada en Bachelet I escaló hacia la ruptura empresarial en Bachelet II, emergió una doble dinámica dentro del mundo patronal: mientras el gran empresariado (como la CPC, las forestales o los gremios agrícolas) impugnaba las reformas tributarias y laborales desde las cúpulas y los medios, los transportistas desplegaron la impugnación material más frontal, capitalizando un poder de veto logístico inmediato —el corte de carreteras y cadenas de suministro— del que carecen otros rubros para reclamar beneficios fiscales y garantías de seguridad en todos los gobiernos posteriores (Piñera II, Boric y Kast). Así transformaron el bloqueo de rutas en un manual sistemático de presión a través de cuatro hitos clave:
- El punto de inflexión bajo Bachelet II (2014–2015): La genealogía contemporánea del gremio combina dos movimientos decisivos durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, justo cuando la crisis abierta en su primer gobierno terminaba de resquebrajar el consenso político. En el plano fiscal, en 2014 se creó el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), que institucionalizó el subsidio estatal para amortiguar el valor del diésel. En el plano político-territorial, tras décadas de repliegue, los transportistas volvieron a movilizarse masivamente en agosto de 2015 con la emblemática caravana de camiones quemados desde el sur hasta La Moneda en demanda de seguridad en La Araucanía, inaugurando su ciclo de impugnación frontal y exigencia de beneficios frente al poder civil.
- La escalada y el Estado de Excepción en Piñera II (2019–2021): Lejos de aplacarse, las movilizaciones y las exigencias sectoriales se intensificaron bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Tanto en los meses previos al estallido social de 2019 como en el paro nacional de agosto de 2020 y los bloqueos de 2021, el gremio utilizó el corte de rutas para doblegar a un Ejecutivo que formalmente consideraba aliado. Convergiendo con las presiones de las grandes empresas mandantes y sus gremios agrícolas y forestales (como la SNA y Multigremio) y del oficialismo regional, los ultimátums de los camioneros operaron como detonante decisivo para forzar al gobierno a decretar el Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Sur (La Araucanía y Biobío) en octubre de 2021, militarizando las carreteras para resguardar sus operaciones. Con ello inauguraron la crisis del «pacto de dominación» y la denuncia de «estafa electoral», consagrando un poder de veto territorial.
- La ampliación extraordinaria con Boric (2022): La secuencia de movilizaciones continuó bajo el gobierno progresista de Gabriel Boric. Enfrentado a un paro nacional de una semana en noviembre de 2022 que paralizó abastecimientos clave, el Ejecutivo debió ceder ante el bloqueo estratégico de carreteras. De esa capitulación nació una inyección histórica de recursos fiscales al MEPCO creado bajo Bachelet —superando los US$ 1.500 millones—, perfeccionando la coacción territorial como vía para extraer rentas públicas.
- La prueba de fuego bajo Kast (2026): La llegada de la ultraderecha a La Moneda tampoco detuvo este ciclo de movilizaciones. El conflicto estalló tras el alza de combustibles anunciada por el ministro Jorge Quiroz —donde el impacto bélico entre Estados Unidos e Irán actuó como shock externo catalizador sobre una estructura tarifaria y financiera interna ya profundamente precarizada por el endeudamiento y la asimetría del rubro—, paralizando cadenas de exportación y desatando el pánico en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). Acorralado por una aprobación bajo el 30%, una economía estancada y el riesgo de frustrar su gira a Asia, José Antonio Kast delegó el control político en el biministro Claudio Alvarado. Alvarado y Quiroz articularon rebajas al diésel y congelamientos tarifarios, sellados con un simbólico abrazo entre el biministro y el dirigente Cristián Sandoval.
IV. Paradojas Fiscales: Cómo el Gran Capital Capturó los $820 Mil Millones
Ese abrazo en La Moneda no solo selló la tregua en las rutas, sino que activó un mecanismo fiscal regresivo que dejó al desnudo dos contradicciones estructurales: la paradoja del libre mercado —donde se predica la desregulación en abstracto mientras se exigen subsidios millonarios cuando caen los márgenes de ganancia— y la expropiación política de la protesta subalterna en la mesa de negociación.
Desde la centroderecha tradicional, el exministro de Hacienda Ignacio Briones advirtió sobre el incentivo perverso al Estado de derecho, cuestionando que la billetera fiscal financie la rentabilidad del sector con una sentencia lapidaria: «nada mal el premio por unos días de toma de rutas vulnerando el Estado de derecho». Sin embargo, el problema no radica únicamente en el premio fiscal otorgado bajo presión, sino en la ausencia de criterios distributivos que impidan que el gran capital se quede con el botín.
Tal como lo demuestra la rigurosa investigación de la periodista Paulina de Allende-Salazar en El Mostrador, el acuerdo que puso fin al paro compromete un costo fiscal estimado en $820 mil millones. Aunque una rebaja pareja cercana a los $142 por litro de diésel aparenta ser neutral y proporcional al consumo unitario, al aplicarse junto a una mayor recuperación del impuesto específico sin establecer topes máximos por empresa o RUT, el diseño tributario se vuelve distributivamente regresivo en el reparto del gasto fiscal total, trasladando la mayor tajada hacia las grandes flotas y no hacia los pequeños transportistas que sostuvieron la movilización.
Las estimaciones solicitadas por dicho medio al economista y exjefe de la División de Estudios de la Dipres, Rodrigo Montero, exponen esta asimetría distributiva con claridad meridiana:
- Un pequeño transportista (1 camión y un consumo de 3.000 litros mensuales) acumula un ahorro bruto de $2,13 millones en cinco meses.
- Una gran empresa (100 camiones y un consumo de 300.000 litros mensuales) embolsa $213 millones en el mismo período.
Aunque en el papel los pequeños operadores accedan a porcentajes de devolución más altos y el ahorro por vehículo sea proporcional, en la caja real la falta de límites por operador permite que los grandes conglomerados capturen la mayor fracción de los $820 mil millones. Más aún, como consecuencia directa de la estructura de subcontratación descrita anteriormente, esta transferencia fiscal opera en la cadena logística como un subsidio encubierto a las grandes empresas mandantes —exportadoras forestales, mineras, agroindustriales y cadenas de retail—, que gracias al financiamiento estatal del combustible evitan pagar tarifas de flete reales ajustadas a los costos efectivos del transporte. Quienes detuvieron sus máquinas en las carreteras y pusieron el cuerpo para sostener la demanda fueron los pequeños dueños de camiones asfixiados por las deudas y la inseguridad, ganándose con ello la empatía ciudadana. Mientras tanto, los líderes de las dos agrupaciones históricas del gremio —que ni siquiera se movilizaron ni paralizaron sus flotas durante el conflicto— terminaron sumándose en el tramo decisivo para sentarse a la mesa, redactar la letra chica y capitalizar, junto a los grandes empresarios del transporte y sus mandantes, la presión ejercida por los más pequeños. Se configuró así una alianza asimétrica donde el pequeño propietario puso la fuerza física en la ruta para terminar subordinado a la agenda tributaria del gran capital.
Para los sectores populares y la ciudadanía que padece el rigor cotidiano de la economía, esa captura fiscal tiene un costo de oportunidad directo: $820 mil millones comprometidos en un subsidio sin techo por operador son recursos que no irán a fortalecer a pymes de otros rubros, a aliviar el bolsillo de los trabajadores asalariados ni a financiar urgencias sociales en salud, vivienda o transporte público.
V. Síntesis y Proyección: La Disyuntiva de la Barbarie
En este escenario de descomposición de la derecha y de renuncia transformadora de la izquierda, la sociedad chilena queda atrapada en la disyuntiva histórica advertida por Rosa Luxemburgo: frente al colapso absoluto del duopolio y de sus recambios, la alternativa ya no es una transición emancipadora, sino la recurrencia ineludible a la barbarie contemporánea —entendida como la erosión del Estado de derecho, la imposición de intereses corporativos por la fuerza y la desprotección de las mayorías frente al mercado—. Al final, son precisamente los sectores populares quienes cargan con el costo silencioso de este reparto, viendo cómo el presupuesto público se desvía hacia grandes flotas y cadenas exportadoras mientras el costo de la vida sigue golpeando sus hogares y sus demandas permanecen sin representación institucional.
Los sucesivos ensayos de Bachelet, Piñera, Boric y Kast por administrar este descontento han fracasado, profundizando una crisis sistémica donde los subalternos desbordan toda mediación institucional. Al comprender que esta deriva no responde a una supuesta «falsa conciencia», sino a la bancarrota del sistema político, se disuelve la miopía del análisis leninista tradicional. Hoy, al igual que ocurrió bajo Piñera, los sectores populares avanzan sin una articulación orgánica propia; pero, a diferencia de cualquier automatismo histórico, sin la reconstrucción de un tejido social y un proyecto político autónomo, este vacío institucional bajo Kast no desembocará espontáneamente en una salida emancipadora, sino en la consolidación prolongada de esta barbarie corporativa sobre las mayorías.