Patricio Altamirano Arancibia, Analista del padecimiento ciudadano frente al duopolio, Santiago de Chile, 20 de noviembre de 2026
La acusación constitucional contra el ministro de Justicia obliga a los diputados a resolver una encrucijada de alto costo político: acoger la tesis de la defensa y la doctrina, que descartan una infracción a la Carta Fundamental y advierten contra el uso abusivo del libelo, o atender el reclamo ciudadano que exige sanciones por los decretos que rebajaron penas a condenados por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad.
El origen del conflicto: vía administrativa frente a la revisión judicial
La controversia que enfrenta al ministro de Justicia, Fernando Rabat, con la Cámara de Diputadas y Diputados se originó en las rebajas de penas otorgadas mediante decretos ministeriales a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad (27 por abuso sexual y 29 por violación) durante los primeros seis meses de la administración de José Antonio Kast. A ello se sumaron beneficios concedidos a condenados por violaciones a los derechos humanos —incluidos internos de Punta Peuco—, según consignó El País Chile. Esos actos administrativos dieron sustento a la acusación constitucional en su contra, estructurada en capítulos sobre rebajas de condena a agresores sexuales de menores, beneficios por crímenes de lesa humanidad y presuntas infracciones a la probidad.
El punto de fricción institucional radica en el mecanismo empleado para conceder dichas rebajas. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, aclaró que fue el ministro de Justicia quien dictó los decretos conforme a sus facultades legales, precisando que el máximo tribunal ha revisado los recursos de amparo caso a caso y no mediante un criterio uniforme automático, por lo que determinar si existe jurisprudencia corresponde a la doctrina. En esa misma línea, el exministro Jaime Gajardo cuestionó que la cartera asumiera por adelantado una supuesta jurisprudencia favorable sin defender su postura en cada causa ante los tribunales. Al otorgar los beneficios directamente por vía administrativa, Rabat evitó que los reos tuvieran que judicializar el caso mediante amparos, dando por sentada una jurisprudencia uniforme que Chevesich desmintió que existiera.
El debate doctrinal y la réplica de los redactores
En el plano estrictamente jurídico, el abogado defensor Juan Ignacio Piña articula los descargos formales para desestimar los capítulos del libelo. Sostiene que el secretario de Estado actuó dentro de sus facultades legales, en apego al principio de irretroactividad y sobre la base de los informes técnicos de las comisiones respectivas, sin que exista obligación legal de esperar un litigio judicial para dictar los decretos. A esa lectura convergen, desde la doctrina, diversos académicos y exautoridades —como Javier Couso, Marisol Peña, Tomás Jordán y Luis Cordero—, quienes coinciden en que la acusación carece del umbral constitucional exigido para justificar una destitución, advirtiendo además sobre el desgaste democrático que conlleva el uso reiterado de esta herramienta.
Aunque especialistas como Couso y Jordán reconocen flancos complejos —como imprecisiones que rozan el principio de probidad o tensiones interpretativas en torno a los derechos de la niñez y tratados internacionales—, argumentan que los criterios generales sobre la irretroactividad de la ley penal en el tiempo contaron con respaldo previo de la Corte Suprema y que no todo error o falla de gestión configura una infracción constitucional grave, distinguiendo así entre responsabilidad política y viabilidad jurídica.
Frente a esa lectura doctrinal, la «segunda línea» de asesores y abogados que redactó el libelo ante el repliegue de juristas consagrados —encabezada por Elisabeth Matthei Schacht y Nicolás Facuse, según se abordó en la entrega anterior del 13 de noviembre— sostiene que Couso, Peña, Jordán y Cordero omiten el punto central del reproche: el ministro sustituyó el escrutinio judicial caso a caso por una decisión meramente administrativa.
La estrategia de La Moneda: contención y celeridad
Trasladado el conflicto desde la controversia doctrinal al terreno político, La Moneda y el Ministerio de Justicia respaldan la legalidad de lo obrado por Rabat, sosteniendo que la votación debe resolverse en apego al Estado de derecho más allá de las fluctuaciones de la opinión pública —una postura que el propio presidente Kast ha enfatizado al afirmar que las encuestas no determinan las decisiones del Gobierno—. Asimismo, dado que los decretos ya dictados y ejecutados no pueden revocarse retroactivamente en perjuicio de los condenados, la cartera resalta las medidas correctivas adoptadas tras el estallido de la crisis: la suspensión de nuevas tramitaciones administrativas en curso y el envío de proyectos de ley con suma urgencia para impedir que condenados por delitos sexuales contra menores accedan a rebajas de pena.
En paralelo, el Ejecutivo y la defensa ministerial desplegaron una táctica procedimental orientada a no agotar el plazo legal de diez días hábiles para contestar la acusación. De acuerdo con Ex-Ante, al evacuar los descargos anticipadamente se busca acelerar el paso hacia el informe de la comisión revisora y la votación en Sala, acotando así el tiempo de exposición pública y el desgaste mediático del proceso.
La presión de las encuestas y el costo político
Frente al intento de La Moneda de encapsular el debate en el plano jurídico y procedimental, opera un clima de opinión pública marcadamente adverso a la continuidad del titular de Justicia. Según la encuesta Criteria difundida a mediados de noviembre de 2026, un 79% de los consultados se manifestó en desacuerdo con que Rabat siga en el cargo —frente a un 16% que respalda su permanencia—, mientras que un 68% apoyó la presentación de la acusación constitucional y un 72% se mostró de acuerdo con su destitución por esa vía, con mayorías incluso entre quienes se identifican con la derecha.
Estos datos revelan que el propio electorado del sector espera la salida del ministro, enviando a sus representantes una señal contraria a la defensa cerrada que promueve el Ejecutivo. A ese escenario demoscópico se aferran los sectores impulsores del libelo y diversas voces del debate público para advertir que la ciudadanía ya emitió su juicio sobre el caso y evaluará directamente el voto de los parlamentarios de ese espectro político. Bajo esa lectura, rechazar la acusación o «salvar» al ministro equivale a avalar decisiones que facilitaron la liberación anticipada de condenados por delitos graves contra la infancia. Por ello, el peso de la condena ciudadana recaerá sin atenuantes sobre las bancadas de derecha y centroderecha y cualquier legislador que intente blindarlo.
El tablero parlamentario: una votación al filo de la navaja
Dado que la aprobación de una acusación contra un ministro requiere la mayoría de los diputados presentes, en un escenario de asistencia completa en Sala el umbral se fija en 78 votos —pudiendo descender en tiempo real ante eventuales ausencias o pareos—. En ese marco, las estimaciones preliminares oscilan estrechamente entre los 75 y 76 apoyos por cada bando, manteniendo la definición abierta voto a voto, por lo que un puñado de votos disidentes que logre captar la oposición desde la vereda oficialista podría desmoronar la estrategia de blindaje del Gobierno.
Ese estrecho equilibrio se explica porque los bloques alineados en ambos extremos ya tienen definida su postura: el piso base de la acusación cuenta con el respaldo del Socialismo Democrático, el Frente Amplio, el Partido Comunista y la Democracia Cristiana, mientras que las bancadas más afines al Ejecutivo, como el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, mantienen un respaldo fiel al secretario de Estado.
El desenlace queda así en manos de una franja decisiva integrada por las reservas del diputado Jaime Mulet (FRVS), el voto bisagra del Partido de la Gente (PDG) y las fisuras internas de Chile Vamos ante la presión de sus propios electores. En la UDI, aunque su Comisión Política y su directiva respaldaron formalmente al ministro y llamaron a rechazar el libelo, la jefatura de bancada admitió que aún no puede comprometer la unanimidad de sus votos ante dudas internas. En tanto, las directivas de Renovación Nacional y Evópoli descartaron impartir órdenes de partido y señalaron que sus diputados evaluarán el mérito jurídico del texto para votar en conciencia.
De aprobarse el libelo en la Cámara, el ministro quedará suspendido de inmediato en sus funciones hasta que el Senado resuelva el fondo de la acusación, en una pulseada política y constitucional cuyo desenlace se conocerá a fines de noviembre o en los primeros días de diciembre.