Patricio Altamirano Arancibia, Analista de los cuerpos que padecen, 31 de octubre de 2026
Hay administraciones que caen por obra de sus rivales implacables, por escándalos destapados por la prensa o por el desgaste inevitable del ejercicio del poder. Y luego está la administración de José Antonio Kast, convertida en un caso de estudio sobre cómo un entramado de gobierno puede autosabotearse de forma sistemática, incluso con la banda presidencial firmemente instalada en La Moneda.
El autogol en Justicia y la falacia de la «falla humana»
Durante años, la narrativa en torno al liderazgo republicano se construyó sobre la promesa de la disciplina férrea, el orden y una línea intransigente contra la delincuencia. Sin embargo, la realidad demostró que el mayor flanco del Ejecutivo no provino de la oposición, sino de un autogol inexplicable y plenamente evitable en el corazón de la propia administración: la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales tras saltarse de forma absoluta el debido proceso, un agravio institucional calificado de primera fuente por la Presidencia de la Corte Suprema.
Pretender disculpar este traspié bajo la coartada de una simple «falla humana» o de un habitual tropiezo operativo de mandos medios es un absurdo insostenible que evade una pregunta ineludible: ¿cómo explicar las múltiples ocasiones en que el Ministerio de Justicia ha desafiado abiertamente al máximo tribunal? Si los ministros y asesores mencionados son precisamente algunos de los abogados corporativos y constitucionalistas más experimentados de la élite legal chilena —con décadas de trayectoria en el diseño de normas—, el error burdo de pisotear el debido proceso no nace de la ignorancia, sino de una soberbia doctrinal profundamente arraigada.
Los talleres del poder, la doctrina y la defensa histórica de Pinochet
Esta respuesta refleja un trasfondo que trasciende con creces la coyuntura. No estamos ante una mera coincidencia biográfica, sino ante una orgánica de poder fundamentada en textos de cabecera muy específicos: la vulneración del debido proceso es el producto deliberado de esa soberbia nutrida en la obra clásica de Pablo Rodríguez Grez —desde De la relatividad jurídica (1965) y Teoría de la interpretación jurídica (1990) hasta El abuso del derecho y el abuso circunstancial (1998 y 1999)—, textos fundacionales que los abogados orgánicos de la derecha estudian como dogma.
Si citáramos en esta publicación la defensa jurídica que el propio Pablo Rodríguez Grez, Fernando Barros Tocornal y Fernando Rabat articularon en su momento para blindar a Augusto Pinochet durante el proceso en el que fue juzgado en Inglaterra, observaríamos con absoluta claridad el modus operandi: estos abogados extrapolan mecánicamente sus reflexiones académicas sobre el abuso del derecho civil para justificar que las faltas administrativas o los excesos concretos —ayer en la dictadura, hoy replicados por Rabat en el Estado— se diluyan mágicamente en la superioridad de actos de autoridad supuestamente discrecionales e incuestionables. En la arquitectura de la derecha, los grandes bufetes, interconectados con los centros de estudios y los partidos, funcionan como los talleres donde se diseña esta jurisprudencia a medida, revelando una intencionalidad sectaria que asume que sus actos están blindados por gracia de su propio origen intelectual.
El choque institucional, la acusación y el derrotero hacia el republicanismo
A este traspié administrativo se sumó un choque de poderes inevitable. Pretender desestimar el conflicto calificando la acusación constitucional como un simple artificio de desgaste carece de sustento ante el lapidario reproche de la Corte Suprema.
Cuando la Cámara aprobó pedir la renuncia de la cúpula de Justicia con el respaldo de un sector de la propia derecha, no estalló un mero desacuerdo legislativo, sino un derrocamiento parcial del gobierno de Kast: la constatación de que el Ejecutivo había perdido el control de su propia mayoría institucional. La defensa de la cúpula del Ministerio de Justicia quedó circunscrita exclusivamente a los acérrimos defensores de las tesis de Rodríguez Grez y a quienes buscan perpetuar la UDI histórica de Jaime Guzmán y Jovino Novoa, hoy cristalizada en los sectores republicanos y nacional-libertarios. Al blindar irrestrictamente a su gabinete y rechazar cualquier autocrítica frente a este quiebre de autoridad, el gobierno ha colisionado de frente con su propio tronco político tradicional, fracturando el bloque y reduciéndose a su mínima expresión sectaria.
El refugio de la «barra brava» y la encrucijada del poder
Podrá argumentarse desde el oficialismo que este atrincheramiento responde a una lealtad programática inquebrantable. Pero la verdad es más compleja: desde la comunicación política contemporánea, los movimientos de extrema derecha y de carácter nacional-libertario no buscan complacer al «país real» moderado. Para este sector, el aislamiento institucional no se vive como una derrota, sino como una prueba de consecuencia. Apostar por el choque frontal con los tribunales y las élites no es un error táctico, sino el combustible que oxigena su narrativa de trinchera, manteniendo cautiva a su base a pesar del devastador costo institucional.
Hoy, la administración vive una caída libre y perpetua. Si bien los analistas de realpolitik señalan con razón que ningún gobierno puede sostenerse indefinidamente rompiendo puentes con el Congreso, los tribunales y su propia coalición sin colapsar bajo el peso de sus contradicciones, el desenlace exacto está por verse, en un tema en pleno desarrollo. Queda por comprobar si este atrincheramiento discursivo es una estrategia ideológica permanente o si, eventualmente, el desgaste de gobernar sin mayorías y el asedio de las acusaciones constitucionales obligarán a los liderazgos a una inevitable capitulación táctica. De lo contrario, el oficialismo no necesitará que nadie lo remueva: su propia maquinaria se encargará de desmontarse pieza por pieza, confirmando que su mayor obstáculo siempre ha sido su incapacidad de gobernar sin chocar contra sí mismo.