Patricio Altamirano Arancibia, Analista de los cuerpos que padecen, 23 de octubre de 2023.
Estas reflexiones, en su primera fase, son conversaciones imaginarias con personas que hoy tendrían sesenta años, hombres y mujeres que hoy día no están vivos, pues en los tiempos de la dictadura y de la mal llamada transición fueron masacrados. Yo sobreviví a ello.
Me junto con otros sobrevivientes, y las conversaciones imaginarias se vuelven reales, toman vida con mis amigas y amigos más íntimos. A ello se suman personas más jóvenes. Frente a cuyas consultas funciono, de algún modo, como «su» analista político personal.
Ahora he decidido compartirlas con ustedes, porque hoy día todos los analistas deberíamos descuerar la Ley N° 19.795 de Ricardo Lagos Escobar, que es la verdadera explicación de lo que sucede: mientras la obra de Pinochet terminó por resultarle insuficiente a la clase alta chilena en múltiples materias, fue la obra de la Concertación la que se consagró como su instrumento verdaderamente funcional, encontrando en la gestión de Ricardo Lagos su máxima expresión y superando con creces la arquitectura original de José Piñera Echenique.
1. Ricardo Lagos: el sello conservador de la Concertación
Para comprender la magnitud de lo que estamos analizando, vale la pena mirar el espejo cruzado de los actores: desde la propia trinchera del modelo capitalista, el histórico ideólogo neoliberal Sergio de Castro celebró con satisfacción que el gobierno de Lagos llevó la privatización y mercantilización del Estado más allá de lo que las propias ideas de derecha habrían proyectado, calificando este hito como algo francamente «notable». En la misma sintonía de constatación, pero desde la trinchera opuesta, el histórico dirigente de la izquierda chilena Carlos Altamirano Orrego sentenció en su momento que el mejor presidente de derecha de los últimos años ha sido, lejos, Ricardo Lagos.
Esta doble confirmación —el aplauso del capital y la lucidez crítica del viejo dirigente— encuentra su más sólida fundamentación empírica en los hitos estructurales de su administración: no solo la consagración de la ley previsional que blindó el negocio de las AFP, sino también la profundización de las concesiones privadas, la consolidación del CAE y la defensa férrea de los equilibrios macroeconómicos del gran empresariado. Con los años, la trayectoria pública del exmandatario terminó por cristalizar esa deriva, reflejándose en una evidente derechización en sus opiniones políticas e intervenciones públicas, donde pasó de administrar la transición a erigirse como el guardián ideológico del modelo de libre mercado frente a cualquier intento de transformación profunda.
2. Cuál era el problema de las AFP antes de la ley de Lagos
Estas alabanzas a Lagos se consagran en la arquitectura de blindaje corporativo que él promulgó. Hoy el problema central ya no es el decreto original de Pinochet ni la arquitectura ideada por José Piñera, sino la pesada herencia de Ricardo Lagos y sus ministros, que hoy estrangulan a los ahorrantes. Esto no surgió de la nada; obedece estrictamente a la lógica de que «hecha la ley, hecha la trampa».
Bajo el diseño original del Decreto Ley N° 3.500 ideado en dictadura, el sistema operaba con un fondo único y homogéneo por cada administradora. Aunque el riesgo ya recaía nominalmente sobre el trabajador, la estructura inicial presentaba una limitación crítica e intolerable para los dueños del negocio: funcionaba sobre una cartera rígida, sujeta a bandas de rentabilidad mínima obligatorias y respaldada por el «encaje» (el capital propio que la AFP debía arriesgar). Cuando las crisis remecían los mercados y los fondos caían, las administradoras se veían forzadas a responder financiera y económicamente para cumplir con los mínimos exigidos, lo que hacía bajar de manera directa las ganancias de las AFP. Ese desplome o amenaza constante sobre la rentabilidad corporativa era el verdadero problema sistémico que el gran empresariado exigía solucionar.
3. Cómo la ley vino a solucionar el problema de las AFP
Para rescatar y blindar estructuralmente a las administradoras de estas caídas en sus utilidades, el gobierno de Ricardo Lagos promulgó la Ley N° 19.795, publicada el 28 de febrero de 2002 —aprobada por amplia mayoría en la Cámara y con el voto favorable de 29 senadores en ejercicio, sellando un pacto transversal con la derecha—.
Esta normativa vino a resolver los dolores de cabeza del capital previsional mediante la introducción del régimen de multifondos. Con esta ingeniería legal, el sistema se sofisticó: amplió de forma radical los márgenes de especulación y la colocación de los dineros en los mercados, pero consagró jurídicamente un blindaje perfecto. Se institucionalizó la separación absoluta entre las decisiones directivas y sus consecuencias reales: las pérdidas por malas inversiones pasaron a ser absorbidas íntegramente y en solitario por los ahorros de los afiliados, mientras los directorios resguardaron sus utilidades intactas y comisiones aseguradas por ley.
Frente a este panorama, resulta profundamente paradójico comprobar que, en el actual momento político, para los sectores populares es objetivamente mejor volver al Decreto Ley N° 3.500 original de la dictadura de Pinochet y José Piñera que soportar la nefasta vigencia de la Ley N° 19.795 de Lagos, que perfeccionó y eternizó el despojo.
4. La trampa perfecta del Fondo E: Mercado, ilusiones y repliegue social
Una vez promulgada la ley, la trampa operó sobre la carne viva de los sectores populares. A estos se les indicó que el Fondo E era el más conservador y seguro, provocando que millones de afiliados —empujados por la incertidumbre de las crisis y las olas de retiros previsionales— migraran masivamente hacia él, un fenómeno empíricamente constatable en los registros de la Superintendencia de Pensiones que concentró flujos de capital colosales en instrumentos de deuda.
En este terreno de juego delimitado por las propias reglas de las AFP, la respuesta social y de mercado adoptó dos vías radicalmente antagónicas que marcaron el pulso de la década.
La vía del individualismo radical de mercado y empresarial: Encarnada en 2012 por Felices y Forrados (FyF) de la mano de Gino Lorenzini. Mediante sugerencias sistemáticas sobre cuándo cambiarse entre los multifondos (A, B, C, D y E) para maximizar la rentabilidad y evadir pérdidas, esta plataforma coordinó trasvases masivos que remecieron el sistema. En su natural evolución hacia el plano político institucional, este proyecto dio el salto a la creación de partidos, un devenir que supo capitalizar y ganar con destreza Franco Parisi. En este juego al interior de las reglas de las AFP, el modelo de FyF superó con creces la tracción del activismo tradicional, a tal grado que ningún líder de la vereda colectivista ha logrado alcanzar el rédito político que Parisi consolidó en la coyuntura actual.
La vía del colectivismo social radical: Representada por el movimiento «No Más AFP». Tras el ciclo de históricas y masivas movilizaciones que entre 2016 y 2017 pusieron en jaque a la política oficial, esta vertiente intentó dar el salto hacia la arena institucional, pero fue derrotada y diluida. Su declive se consumó al optar por una deriva táctica defensiva: hacia 2020, en plena crisis, la organización llamó a pasarse masivamente al Fondo E, abandonando la ofensiva estratégica por erradicar el sistema en favor de un refugio al interior de la misma arquitectura legal. Con este repliegue que desmovilizó la confrontación de fondo, perdió su eje transformador y se diluyó paulatinamente, un desgaste estratégico que terminó por desfondar por completo al movimiento cuando la ofensiva ideológica de la derecha corporativa en 2021, articulada a través del movimiento «Con mi plata no» liderado por Bernardo Fontaine, neutralizó su retórica y blindó de forma absoluta la propiedad individual del fondo de pensiones. La dimensión de esta derrota se plasmó con crudeza en el proceso constituyente de ese mismo año: mientras el histórico líder de «No Más AFP», Luis Mesina, postuló como candidato y no resultó electo, Bernardo Fontaine sí alzó un escaño, sellando un contraste electoral tan simbólico como demoledor.
El resultado final fue el cierre perfecto de la pinza: la masificación del Fondo E terminó por atrapar a millones de ahorrantes en instrumentos de renta fija vulnerables a las variables macroeconómicas y al manejo de la deuda, dejando a los sectores populares expuestos a una falsa sensación de refugio que operaba estrictamente dentro de los márgenes permitidos por la legislación.
5. La paradoja jurídica: cuando el castigo a los directorios es solo una metáfora
Cuando las pérdidas de los fondos previsionales escandalizan a la opinión pública, hasta las figuras clave del núcleo económico del actual gobierno de José Antonio Kast —como el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz— terminan por reconocer lo evidente: que los directorios deberían responder y asumir los costos cuando se equivocan. Sin embargo, esto choca con una barrera insalvable. Es precisamente la Ley N° 19.795 la que hace jurídicamente impracticable cualquier castigo real a los directorios y a las administradoras, recortando y reduciendo drásticamente la acción fiscalizadora de la Superintendencia de Pensiones.
Materializar dicha exigencia obligaría formalmente a la Superintendencia a sancionarlos y multarlos masivamente, provocando que con esas reglas nadie quiera asumir un directorio de AFP. Responsabilizar personalmente a los ejecutivos por fluctuaciones aprobadas bajo los marcos que vigila el propio Estado generaría una parálisis sistémica por temor a la persecución jurídica. Esa palmaria inviabilidad del castigo patrimonial demuestra que la demanda de la autoridad, en el fondo, es pura retórica y una metáfora vacía.
6. Quiroz: del diagnóstico certero al pragmatismo del poder
A esto se suma la distancia insalvable entre las advertencias del pasado y la acción institucional desde el actual gobierno. Mucho antes de llegar a La Moneda —en cartas públicas emitidas desde octubre de 2020 y reiteradas hasta 2024 junto al ingeniero Jorge Spichiger—, el actual ministro y su sector político advertían que el Fondo E estaba mal llamado conservador y que su alta exposición a la renta fija lo hacía vulnerable, proponiendo crear un sexto fondo (Money Market o caja) para proteger los ahorros.
La crítica del economista Quiroz era certera y su propuesta iba en el rumbo indicado: de haberse implementado a tiempo, una reforma preventiva de esta naturaleza habría aminorado drásticamente la caída de los fondos. Conviene precisar, sin embargo, que la propuesta del economista operaba estrictamente al interior del sistema de AFP —como un mecanismo de diversificación de portafolio— y no contemplaba una reforma estructural del mismo. Atribuirle al Money Market la capacidad de blindar toda la cartera simplifica un problema financiero que es multifactorial.
Dada su sólida trayectoria profesional, queda claro que no hay ingenuidad en él: su recorrido técnico hace que sea un hombre que sabe perfectamente cómo actúa Wall Street. Sin embargo, lejos de tratarse de un mero descuido, de un olvido o de una esquizofrenia política, la inacción de Quiroz al asumir como ministro no representa una contradicción individual, sino el pragmatismo brutal de gobernabilidad de la ultraderecha especulativa frente a un sistema de AFP intocable. La distancia entre el analista lúcido y el tomador de decisiones que hoy encabeza la economía nacional demuestra que, al chocar con las restricciones estructurales del poder, los ideólogos del modelo subordinan cualquier atisbo de corrección técnica a la defensa implacable de los intereses del gran capital financiero.
7. El silencio cómplice de Bachelet y Boric
Frente a esta crisis estructural, las reacciones del expresidente Gabriel Boric, la exmandataria Michelle Bachelet y sus exministros clave desde su actual posición de oposición han intentado blindar su legado político. No obstante, en su discurso autodefensivo hay una omisión tan elocuente como sintomática: en sus declaraciones y críticas públicas no dicen absolutamente nada sobre la Ley N° 19.795 del 28 de febrero de 2002, promulgada bajo el gobierno de Ricardo Lagos.
La revisión histórica de sus mandatos obliga a reconocer que, aunque sus intentos fueron insuficientes o terminaron cediendo ante la estructura del modelo, el resultado final fue la consolidación y legitimación del sistema de AFP. Ni Bachelet ni Boric presentaron jamás una reforma orientada específicamente a proteger el Fondo E o los fondos más conservadores, optando por mantener un silencio cómplice sobre el origen legislativo que ellos mismos heredaron y administraron. Hoy, convertidos en críticos acérrimos de la administración de José Antonio Kast, intentan eludir su responsabilidad histórica en la perpetuación de un esquema que dejó los ahorros populares a merced de las reglas que hoy los ahogan.
8. La aporía del Sistema de AFP
Exigir probidad en la administración del ahorro obligatorio de todo un país es una exigencia elemental que la estructura actual no soportaría sin colapsar. La indefensión de los sectores populares demuestra que, más allá de los roces coyunturales y las disputas de superficie —donde Kast, Parisi, Bachelet y Boric presentan múltiples diferencias y es muy difícil que actúen de igual manera frente a un tema, salvo ante las AFP—, todos ellos juegan estrictamente al interior de las reglas del sistema: ninguno está firmemente por «No Más AFP» —el proyecto de colectivismo social radical que terminó diluido tras su derrota institucional—, ni abrazan el camino corto derogar la ley de Ricardo Lagos ni el camino largo derogar el sistema de AFP.
En este entramado se dibuja una simetría perfecta de silencios y omisiones: el olvido de Quiroz —quien, tras haber advertido lúcidamente las fallas del modelo desde la vereda técnica, hoy sepulta su propia propuesta bajo el pragmatismo del poder— hace espejo simétrico con el mutismo de todo el arco institucional, que fustiga al adversario de turno omitiendo deliberadamente el consenso parlamentario y la gestación de la Ley N° 19.795 de febrero de 2002.
Ahí radica la gran aporía de nuestro sistema político, que es la incapacidad y la complicidad transversal de una clase dirigente dispuesta a administrar el modelo, demostrando que, si la obra de Pinochet les resultó con los años insuficiente, fue la gestión de Ricardo Lagos —como máxima expresión del sello funcional de la Concertación— la que blindó definitivamente sus intereses. En este cruce histórico se consuma la más cruel de las paradojas: para los sectores populares, hoy resulta preferible retornar al primitivo Decreto Ley N° 3.500 de Pinochet y José Piñera que tolerar la vigencia actual de la Ley N° 19.795 de Lagos, la verdadera piedra angular del blindaje financiero.
9. La reacción popular y la autoconvocatoria
Ante este callejón sin salida institucional, donde nadie del poder político asumirá el camino corto (derogar la Ley de Lagos para romper el blindaje corporativo y la asimetría de los multifondos) ni el camino largo (erradicar las AFP en su totalidad), la cruda lección es que no hay salvación desde arriba.
La huida desesperada del Fondo E se ejecutó de inmediato, de este modo, en estos días, frente a las pérdidas millonarias que castigan al Fondo E —con trasvases masivos que involucran a cientos de miles de afiliados y miles de millones de dólares en movimiento—, se ha producido una salida masiva de ahorrantes: la huida desesperada que constituye la reacción primaria de los sectores populares, atrapados una y otra vez en el laberinto de las pérdidas que el sistema les impone.
El colapso previsional y la brecha de género que hoy padecen los jubilados de estos meses con pensiones indignas y de miseria, que solo logran sostenerse precariamente gracias al pilar solidario; una precariedad estructural que castiga con extrema crueldad a las mujeres, quienes al jubilarse obligatoriamente a los 60 años quedan abandonadas en un limbo previsional, debiendo esperar hasta los 65 años recién para recibir el aporte del pilar solidario.
La transformación real solo será posible si los sectores populares logran reaccionar, organizarse y levantarse por sí mismos. Estarán las canas de viejos de 65 años que en su juventud estuvieron en alguna barricada contra Pinochet, y ahora se verán obligados a salir a reclamar. Algunos de ellos son sobrevivientes que se salvaron de ser masacrados en dictadura y transición, hoy carentes de una jubilación digna, agobiados por las deudas, y urgidos a fin de mes por juntar los pesos para la compra del remedio que no dan en el consultorio. Cargando una insolvencia a cuestas, ya no hay nada que perder; algunos de ellos ni siquiera tienen nietos, están a las puertas de todo, experimentan una desprotección total, es posible que la tasa de suicidios de jubilados aumente, etc… Frente a esta realidad, las frases de la autoridad y las consignas de la oposición seguirán atrapadas en la pura retórica de un sistema diseñado para consagrar la desprotección popular.
Para abrir este debate y seguir tejiendo red: Frente al blindaje transversal de la clase política y la trampa insalvable de la Ley de Lagos: ¿crees que aún es posible un cambio real negociando dentro de esta misma arquitectura legal, o ha llegado la hora de sacudirnos la ilusión institucional y levantar —desde la memoria de las viejas barricadas hasta la fuerza de la juventud— la única vía posible que es la autoconvocatoria popular? Déjame tu visión en los comentarios y, si lo expuesto te hace sentido, te invito a compartir el texto para expandir este entramado de resistencia.