Patricio Altamirano Arancibia, Analista de los cuerpos que padecen, 21 de octubre.
Frente al estallido social, las hipótesis de derecha y de izquierda operan de manera cruzada, alimentando relatos completamente opuestos. Para la izquierda, la operación en el Metro habría sido ejecutada por agentes afines a sectores pro-golpistas para forzar a Sebastián Piñera a declarar el estado de sitio y provocar un autogolpe, una jugada a la que el mandatario finalmente no habría accedido. Para la derecha, en cambio, la quema fue coordinada directamente por la izquierda radical o subversiva para derrocar al gobierno.
Sin embargo, ninguna de estas teorías cuenta con un respaldo real en la acción judicial, policial, ni en la investigación periodística. El motivo de este vacío se vuelve evidente al examinar el punto de partida del conflicto y la absoluta inercia de un Estado que se descubre a sí mismo inerme —desprovisto de armas, desarmado o indefenso— para procesarlo.
1. La piedra angular y la bancarrota investigativa
La quema simultánea de las estaciones del Metro de Santiago el 18 de octubre de 2019 constituye la piedra angular que expone las costuras de un Estado incapaz de definir si el fenómeno se trató de un quiebre institucional premeditado —un golpe— o de una explosión social desbordada.
Este fue un hecho inusual, poco visto a nivel global y sin situaciones similares registradas, por lo que su indagatoria fue seguida de cerca por la ciudadanía. Sin embargo, al confrontar esta premisa con los hechos, las pesquisas sobre las 7 estaciones completamente incendiadas y las cerca de 20 con daños parciales graves arrojaron un saldo revelador: la gran mayoría de las causas penales terminaron cerrándose mediante archivos provisionales o decisiones de no perseverar por falta de pruebas concluyentes. La sociedad quedó así impávida ante la impotencia de un Estado desprovisto de respuestas contundentes.
Los procesos concluyeron con un número extremadamente reducido de condenas en proporción al tamaño de los atentados, dejando en evidencia un profundo vacío de responsabilidades que el propio aparato público es incapaz de subsanar. Tal como lo documenta detalladamente el libro ¿Quién quemó el Metro?, de la periodista Josefa Barraza y el investigador Carlos Gutiérrez, las indagaciones estatales no revelaron la existencia de «cerebros ocultos», sino que confirmaron la profunda precariedad técnica e investigativa de la administración pública.
Aquí radica la paradoja crítica: si el Estado, con todo su andamiaje de inteligencia, es incapaz de explicar cómo se ejecutó una acción de tal sincronía y magnitud, queda en evidencia que sus instituciones operan atrapadas en un callejón sin salida. El problema central no radicó en que la táctica de los ataques fuera impenetrable, sino en que el aparato judicial y estatal fue incapaz de construir una verdad jurídica respaldada por pruebas.
2. El atrincheramiento político y el fracaso estructural
En este contexto, la declaración «Chile sin violencia: un compromiso con la paz» y el contrapunto entre la UDI y el PNL no aportan nada al esclarecimiento de los hechos, al igual que las consignas de los grupos de izquierda. Lejos de buscar la verdad, esto expone que los distintos sectores operan desde el atrincheramiento discursivo y la vacuidad argumentativa, lanzando proclamas sin sustento probatorio y evidenciando la urgente falta de una investigación seria.
Esta incapacidad no es exclusiva de una administración: ni la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) ni los servicios de inteligencia de las FF.AA. han podido aportar a resolver el enigma. En paralelo, ni el piñerismo, ni el borismo ni el kastismo —cuya gestión posterior tampoco aporta nada nuevo a la superación del nudo crítico— han podido dotar al Estado de una respuesta a la altura de la crisis. Si bien las responsabilidades y los incentivos institucionales de cada administración difieren (pues mientras la primera enfrentó el núcleo de la conflagración y el colapso operativo, los gobiernos siguientes se han limitado a gestionar su resaca política utilizando a menudo la ambigüedad como táctica de supervivencia), la transversalidad de esta falla estructural expone que ninguna fuerza del espectro político ha sabido o podido dotar al país de un cierre institucional y judicial satisfactorio.
Bajo este escenario, al encontrarse completamente inerme —desarmado e indefenso ante la magnitud de los hechos—, el Estado deja a la sociedad chilena expuesta a una vulnerabilidad crítica: si en efecto hubo un cerebro planificador que jamás fue descubierto, este sabe perfectamente que el aparato estatal es tan inútil que cuenta con la garantía de poder volver a operar con total inmunidad.
3. La verdad en la penumbra
Más allá de si se trató de una conspiración de autogolpe o de un sabotaje radical, la incapacidad institucional para procesar este hito deja los hechos sumidos en la penumbra. Las verdades estatales —como ocurrió en su momento con el informe Rettig— rara vez dejan a todos contentos; sin embargo, operan como un sostén que, aun cuando puede ser cuestionado y refutado legítimamente, provee un lugar donde hacerse asir.
Al no existir una verdad jurídica respaldada por el Estado, se genera un vacío que es inevitablemente colonizado por fantasmas partidistas e infundados. Al final, ante la falta de pruebas que validen un golpe de derecha o de izquierda, el propio sistema termina condenando a los ciudadanos a debatir sobre ficciones ideológicas, instalando una zona de sombra donde su propia inoperancia encubre la verdad histórica y judicial.
Al fin y al cabo, el desenlace expuso la gran verdad insostenible: el sistema demostró que el Estado es incapaz de descifrar su propia crisis, evidenciando el colapso absoluto de un andamiaje institucional que implosionó frente a su propia fragilidad.