LA CORTE SUPREMA TENDRÁ QUE ESPERAR: SI LA CIDH VALIDA LA ESCOBA IBÁÑISTA DE CHEVESICH, O SI LA ROMPE

Patricio Altamirano Arancibia, Analista de los cuerpos que padecen, 12 de noviembre de 2026

En los umbrales de una de las crisis corporativas más profundas que ha sacudido al sistema de justicia en la historia reciente de Chile, la remoción masiva de magistrados por el uso cuestionado de licencias médicas ha reabierto el debate sobre los límites de la probidad y el control disciplinario. Este artículo examina las tensiones políticas, las fracturas procesales de origen y la inminente escalada del conflicto hacia el sistema interamericano de derechos humanos, analizando cómo el drástico liderazgo de Gloria Chevesich —cuya pulcritud institucional reclama un ineludible refrendo supranacional— subvierte los tradicionales pronósticos del poder y pone a prueba si la judicatura camina hacia su propia validación o hacia un auténtico suicidio corporativo.

1. La crisis sistémica y la irrupción del símbolo

Hay momentos en la historia institucional de un país en que los eufemismos se vuelven insostenibles. Las crisis de probidad, los cuestionamientos cruzados y el desgaste acumulado de los tribunales terminan por crear un ambiente donde la única respuesta válida es el golpe de timón. La reciente decisión que sacude al Poder Judicial —con la culminación de los cuadernos de remoción que elevaron a 18 los magistrados expulsados bajo el liderazgo de la ministra Gloria Chevesich tras indagar los viajes al extranjero bajo reposo médico— nos devuelve de golpe a una metáfora política que parecía sepultada en los libros de historia: la legendaria «escoba» de Carlos Ibáñez del Campo.

Hablar de la «escoba» evoca inmediatamente aquel mandato popular de limpieza, orden y moralización administrativa que marcó la pauta en el siglo pasado. Sin embargo, aplicarla hoy al sistema de justicia no es un ejercicio de nostalgia autoritaria, sino el reconocimiento de una urgencia republicana. Cuando la judicatura se repliega sobre sí misma y los mecanismos internos de autodepuración muestran fisuras evidentes, se requieren liderazgos dispuestos a asumir costos políticos y a utilizar herramientas drásticas para restaurar la fe pública, un rol que hoy encabeza con firmeza la ministra Chevesich.

2. El afianzamiento corporativo y los flancos omitidos del proceso

Para comprender la verdadera magnitud de este remezón, es imperativo examinar la compleja arquitectura interna que hizo posible la medida. Chevesich logró afianzar esta lógica de limpiar la justicia haciendo uso inédito del artículo 80 de la Constitución —un mecanismo de destitución por mal comportamiento enfocado en resguardar la probidad—, respaldada por votaciones del pleno que zanjaron los expedientes acumulados desde los informes de la Contraloría General de la República.

Sin embargo, esta cruzada dejó al descubierto flancos estructurales ineludibles: se omitió modernizar el anquilosado sistema del debido proceso, perpetuando el vicio institucional de que los jueces se juzguen a sí mismos. A esta omisión se sumó una grave vulneración de la certeza jurídica, pues la acción disciplinaria atropelló fallos de las Cortes de Apelaciones cuyos plazos legales habían expirado largamente para que la Corte Suprema pudiera cuestionarlos.

3. El laberinto doméstico y el loop jurídico

Sobre esta base fracturada y el peso de la drástica vía constitucional se despliega el laberinto procesal que enfrenta a los afectados. Tras las notificaciones de los fallos expulsivos, los jueces sancionados han respondido tanto mediante recursos internos como con acciones de tutela laboral —tal como el bullado caso del titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, quien interpuso demandas contra la Corporación Administrativa del Poder Judicial alegando vulneración de derechos fundamentales—, enfrentando un evidente y tenso loop jurídico: se ven obligados a litigar o recurrir ante el mismo sistema que los condenó, quedando atrapados en un callejón sin salida procedimental. Es precisamente este cerco doméstico y la falta de una válvula de escape interna lo que actúa como el combustible ineludible que empuja el conflicto hacia la frontera internacional.

4. El tribunal supranacional: El clímax del suicidio institucional o validación suprema

Ante el callejón sin salida del laberinto doméstico, la respuesta de los afectados no se ha hecho esperar. Alrededor de 14 de los magistrados removidos han tomado la decisión de llevar el caso de forma paralela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde serán representados por los abogados peruanos Julio Arbizu y Ronald Gamarra.

El libelo a presentar ante la instancia supranacional se fundamenta con precisión en flancos críticos, como la ausencia de un criterio unívoco en las evaluaciones y la falta de claridad normativa sobre cuándo el uso de una licencia médica constituye una vulneración que amerite la máxima sanción de expulsión. Aquí radica el auténtico clímax de la acción y el dilema existencial del título: en este pulso supranacional, la Corte Suprema o se valida totalmente ante la historia o se suicida institucionalmente.

Si el organismo internacional declara inadmisible el libelo, se consagrará un rotundo triunfazo que validará sin fisuras la purga; de lo contrario, si la instancia le da curso y declara admisible la demanda, se abrirá un prolongado frente de cuestionamientos que mantendrá a la justicia chilena en el banquillo de los acusados durante una causa que fácilmente durará una década en el sistema interamericano.

Es precisamente en este horizonte temporal donde se revela la paradoja generacional que exime de consecuencias directas a sus arquitectos: Gloria Chevesich tiene actualmente 68 años —nació el 4 de noviembre de 1958—, de modo que en una década más tendrá 78 años, habiendo superado largamente los 75 años en que habría tenido que dejar su puesto en la Corte Suprema. Para cuando la CIDH emita su sentencia definitiva, tanto ella como los ministros que hoy la respaldan ya se habrán retirado, perfectamente blindados por el calendario biológico. Por todo ello, la ejecución de la medida —el «cúmplase»— permanecerá suspendida hasta agotar rigurosamente las instancias formales a nivel nacional, subordinando el éxito definitivo de esta limpieza al veredicto inapelable de un tribunal supranacional.

Limpiar la casa, en este trayecto, nunca es una tarea cómoda ni libre de resistencias: los corporativismos internos siempre intentarán blindar el statu quo bajo el argumento de la independencia judicial, confundiendo legítima autonomía con impunidad. Pero la verdadera independencia se cuida purgando aquello que la corrompe desde adentro. El remezón que encabeza Chevesich no es un capricho coyuntural, sino una señal ineludible de que la legitimidad del Poder Judicial exige integridad ética; y el polvo, inevitablemente, ha comenzado a levantar vuelo hacia las fronteras internacionales.

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