Patricio Altamirano Arancibia, Analista de los cuerpos que padecen, 28 de octubre de 2026
I. El origen y el ecosistema: Del legado empresarial al conservadurismo jurídico
Fernando Rabat Celis —actual ministro de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de José Antonio Kast— encarna la síntesis perfecta entre el histórico legado empresarial de un clan de raigambre conservadora y el aparato ideológico de la ultraderecha chilena. Lejos de ser un tecnócrata neutral, el ministro es el producto orgánico de una clase social que, tras asegurar su hegemonía material durante el siglo XX mediante la acumulación de capital territorial, hoy asume directamente el control de los resortes de coacción y legalidad del Estado.
Su paso por la Universidad de los Andes, su especialización en derecho civil, su cátedra en la Universidad del Desarrollo y, sobre todo, su aprendizaje en el influyente y dogmático estudio jurídico de Pablo Rodríguez Grez —piedra angular de su formación como operador legal, célebre por su férrea defensa jurídica de Augusto Pinochet y de su esposa Lucía Hiriart— trazan con precisión el mapa de las élites corporativas e inmobiliarias tradicionales. Es precisamente este maridaje entre el capital familiar heredado y el rigor del conservadurismo jurídico más intransigente lo que consolida su perfil como un puntal de máxima confianza para el Ejecutivo.
II. La crisis: El choque entre el dogma, la depravación y el Estado
Sin embargo, un grave error político y administrativo de su autoría —consistente en una decisión normativa que beneficia directamente a redes de pederastas de clase alta, quienes además se enmascaran como devotos practicantes de las religiones de la élite— detonó una crisis de proporciones. Al dejar al descubierto cómo los infantes son instrumentalizados para satisfacer los desvariados placeres sexuales de estas castas intocables, la medida expone el flanco más repulsivo, putrefacto y oscurantista de la clase dominante.
Este traspié no constituye una simple torpeza aislada, sino que refleja la contradicción estructural e inevitable entre el dogma de una élite acostumbrada a imponer el orden desde la atalaya del poder y los contrapesos democráticos del Estado. Dicho choque expone cómo los sectores conservadores en el gobierno frecuentemente colisionan con los límites institucionales que habitan, revelando una pulsión autoritaria y de impunidad originaria que choca frontalmente con las herramientas de fiscalización parlamentaria.
III. La quiebra institucional: El repudio transversal y la exigencia de salida
Ante la magnitud de la indignación pública provocada por la protección a redes de abuso infantil, la crisis traspasa los bordes tradicionales y quiebra el bloque oficialista. La repulsión social es de tal envergadura que la propia derecha, acorralada por el escándalo moral, termina exigiendo públicamente la salida inmediata del ministro y anticipa su respaldo a la inminente acusación constitucional.
IV. La maniobra y el tablero: El manual de Rodríguez Grez, el fusible y la degradación moral
Para neutralizar el embate opositor, el ministro ha desplegado una maniobra táctica de supervivencia: impulsar a contrarreloj una reforma express orientada a extirpar el error de raíz y desinflar el respaldo parlamentario a la fiscalización, evidenciando que la respuesta del poder ante sus propios flancos abiertos no es la autocrítica, sino el uso instrumental de la ingeniería jurídica para neutralizar los costos políticos. Paralelamente, blinda su arquitectura legal para resistir el asedio congresional.
En estas semanas de asedio, cada movimiento, cada cálculo y cada despliegue táctico de Rabat parecen calcados directamente del manual doctrinal heredado de Pablo Rodríguez Grez —sistematizado descarnadamente en obras clave de su autoría como El mito de la democracia en Chile (1985)—. Su conducta entera resulta ser casi un riguroso homenaje a su mentor en el seno de la élite más reaccionaria, donde la lógica de trinchera y el profundo desprecio por los contrapesos democráticos palpita en el núcleo de la estrategia: blindar a toda costa el principio de autoridad jerárquica y el poder de las castas, aun cuando el Estado de derecho cruja.
En este tablero de alta tensión, Rabat opera bajo el respaldo absoluto de un presidente Kast que lo concibe, en última instancia, como un fusible a todo evento: un operador de élite ultraderechista dispuesto a inmolarse institucionalmente para blindar el núcleo duro del régimen. Para los sectores más duros de la coalición, esta base que avala y aplaude la inmolación de Rabat —en un momento donde la aprobación de la gestión de Kast en las encuestas toca su piso histórico— procesa su sacrificio como un mero trofeo para barra brava de los colegios que práctica rugby, un espectáculo de trinchera que contrasta violentamente con el juicio de una ciudadanía que observa a un gobierno completamente degradado en lo moral.
Para esta facción fundamentalista, la eventual caída del ministro ante la embestida de la acusación constitucional no se lee en absoluto como una derrota, sino como una medalla de honor y un acto de lealtad doctrinal. Este sacrificio, basado en el sufrimiento descarnado, resulta profundamente coherente con las ideologías religiosas de una ultraderecha divorciada del pulso social, confirmando que sus operadores orgánicos están dispuestos a la entrega suprema cuando su caída sirve para resguardar la pureza y supervivencia del centro del poder.